El Ministerio de Seguridad de Argentina solicitó al Poder Judicial allanar la sede del medio digital Carnaval y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, tras la difusión de audios en los que presuntamente aparece Karina Milei, hermana y principal asesora del presidente. El Ejecutivo asegura que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal dentro de la Casa Rosada.

La ministra Patricia Bullrich calificó el caso como “una burda operación de inteligencia no institucional” y advirtió sobre un presunto plan de desestabilización con participación de actores locales y extranjeros. En respuesta, el abogado Gregorio Dalbón denunció a la funcionaria por abuso de autoridad y por intentar restringir la libertad de prensa.

Un juez argentino prohibió en primera instancia la difusión de los audios, medida cuestionada por juristas y medios de comunicación al considerarla un acto de censura previa incompatible con la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El canal Carnaval denunció que la restricción busca silenciar investigaciones sobre casos de corrupción.

Las grabaciones se enmarcan en denuncias por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en las que funcionarios cercanos al presidente, incluida su hermana, habrían estado implicados. El escándalo político coincide con el inicio de campañas electorales en la provincia de Buenos Aires y con los comicios legislativos nacionales previstos para octubre.