La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) adquirió, mediante la Licitación Pública Estatal FGJEZ-220032017-E6-2025, varios vehículos de uso eminentemente civil, de acuerdo con los Anexos de Propuesta Técnica del Contrato FGJEZ-DGA-LP-007-2025, documentos oficiales firmados por el proveedor Deral Automotriz.

Entre las unidades ofertadas se encuentran Volkswagen Taos Trendline 2025, Volkswagen Virtus Trendline Tiptronic 2025 y una Volkswagen Caddy Maxi Cargo Van 2024, modelos ampliamente comercializados para el mercado particular y empresarial, pero no diseñados de origen para funciones policiales o ministeriales.

🚗 Vehículos civiles, no patrullas ni unidades ministeriales

De acuerdo con la documentación revisada, las unidades incluidas en la compra no presentan características de vehículos operativos especializados, como:
• Blindaje
• Sistemas de radiocomunicación institucional
• Adaptaciones para detención o traslado de personas
• Torres luminosas, sirenas o equipamiento táctico
• Refuerzos estructurales para labores de alto riesgo

Por el contrario, las descripciones técnicas destacan elementos propios de autos de uso cotidiano, como pantallas táctiles, rines de aluminio, asistentes de manejo y sistemas de confort, algunos de ellos incluso descritos como “opcionales”, sin que se precise si fueron incluidos o no en la adquisición final.

💰 Precios de mercado vs. función pública

Aunque los anexos técnicos no transparentan los precios unitarios, los modelos señalados tienen en el mercado mexicano precios que oscilan entre:
• Volkswagen Taos Trendline 2025: arriba de los 500 mil pesos
• Volkswagen Virtus Trendline 2025: alrededor de los 400 mil pesos
• Volkswagen Caddy Maxi Cargo 2024: más de 600 mil pesos

En total fue un gasto de 2 millones 390 mil 149 pesos, en 5 unidades.

¿Por qué no unidades operativas?

Especialistas en seguridad han señalado en diversas ocasiones que las fiscalías requieren vehículos robustos, discretos y adaptados al trabajo ministerial, especialmente en entidades con altos índices delictivos.

La decisión de adquirir vehículos urbanos y de uso civil plantea preguntas clave:
• ¿Para qué áreas de la Fiscalía serán utilizados?
• ¿Son para mandos administrativos o directivos?
• ¿Por qué no se priorizó la compra de unidades operativas para agentes de campo?