La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) alertó que el proyecto Presa Milpillas continúa avanzando sin estudios públicos ni viabilidad comprobada y sin el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios.

La organización acusa a instancias federales y municipales, entre ellas CONAGUA, la Procuraduría Agraria y ayuntamientos de Jiménez del Teúl y Sombrerete, de impulsar el proyecto mediante presiones, desinformación y división comunitaria, pese a que no cuenta con los permisos agrarios necesarios.

REMA desmintió que exista un “50% de negociación con pequeños propietarios”, al señalar que no hay procesos legítimos mientras se ignore la decisión colectiva de los ejidos.

Además, denunciaron prácticas como ofrecimientos condicionados, amenazas veladas, uso político de autoridades municipales, criminalización de la resistencia y la estigmatización de comunidades que defienden el agua y el territorio.

Las organizaciones exigen el cese inmediato de presiones, respeto absoluto a las decisiones en asamblea, transparencia total de los estudios del proyecto y que el Estado garantice derechos, no los vulnere.

“La defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo; es una condición para la vida y la justicia social”, advirtieron, al tiempo que anunciaron vigilancia nacional e internacional ante cualquier intento de criminalizar la lucha comunitaria.