La administración municipal encabezada por Miguel Varela volvió a quedar en el centro de la polémica, luego de que Movimiento Ciudadano denunciara una serie de presuntas prácticas de hostigamiento, abuso laboral y condicionamiento político dentro de los ayuntamientos de Zacatecas y Río Grande.

De acuerdo con el partido, trabajadoras y trabajadores han denunciado presiones constantes, amenazas veladas y el uso del empleo como mecanismo de control político. En el caso de Río Grande, se señala que personal del ayuntamiento habría sido obligado a entregar cuotas económicas para respaldar a un partido, bajo el riesgo de perder su contrato o su fuente de trabajo.

Juan del Real, coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, afirmó que estas exigencias han generado un clima de miedo e inconformidad entre el personal, ante posibles represalias como despidos o la no renovación de contratos.

En la capital del estado, bajo el gobierno de Miguel Varela, las denuncias apuntan a esquemas de contratación precarios, con contratos mensuales que mantienen a las y los trabajadores en permanente incertidumbre. Además, se acusa que la continuidad laboral estaría condicionada a la participación en actividades de proselitismo en colonias del municipio.

A esto se suma la pérdida de prestaciones laborales que sí se otorgaban el año pasado, lo que para Movimiento Ciudadano representa un claro retroceso en derechos laborales y una precarización deliberada del empleo público.

Ante este escenario, el partido anunció que brindará asesoría jurídica y acompañamiento a las personas afectadas, e hizo un llamado a las y los trabajadores municipales a denunciar cualquier abuso, señalando directamente a la actual administración por permitir y tolerar estas prácticas.