El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria emitió un pronunciamiento público en el que manifiesta su rechazo ante la intención de que el exrector Rubén Ibarra, sentenciado por un delito de violencia sexual, regrese a la docencia.

En el documento señalan que no se trata solo de un trámite administrativo ni de un derecho laboral individual, sino del mensaje institucional que se envía a la comunidad universitaria, especialmente a las mujeres.

Advierten que permitir el retorno de una persona sentenciada por violencia sexual a las aulas podría interpretarse como tolerancia e impunidad, además de generar revictimización y desconfianza en las instituciones.

También cuestionan la reclasificación del delito durante el proceso judicial y llaman a que se garantice el principio de no repetición y la protección efectiva para las estudiantes.

El posicionamiento concluye que la Universidad debe decidir si será un espacio seguro y libre de violencia o si reproducirá estructuras que históricamente han dejado a las mujeres sin justicia.