Ante los daños colaterales que deja la violencia del crimen organizado en distintas regiones del país, el Congreso local avaló por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal la creación de un fondo especial que permita indemnizar a ciudadanos cuyos bienes resulten afectados durante operativos de seguridad.

La propuesta fue presentada por la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien planteó que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal destinen recursos extraordinarios para integrar un fondo de compensación patrimonial dirigido a personas físicas que sufren pérdidas materiales derivadas de enfrentamientos o acciones del crimen organizado.

La legisladora explicó que, en medio de operativos de seguridad, es cada vez más común que grupos delictivos respondan con actos violentos que terminan afectando directamente a la población civil. Entre los casos más recurrentes se encuentran la destrucción o robo de vehículos para utilizarlos en narcobloqueos, así como daños a propiedades particulares durante enfrentamientos en espacios públicos.

Situaciones de este tipo se han documentado de manera constante en Zacatecas, pero también en otras entidades del país donde la violencia del crimen organizado ha escalado en los últimos años.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en Jalisco, donde operativos dirigidos contra la estructura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, derivaron en bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques coordinados en distintos puntos del estado y en otras regiones del país, afectando a ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos.

Ante este panorama, la diputada sostuvo que el Estado no puede dejar en el abandono a quienes terminan pagando las consecuencias de la violencia generada por el combate a la delincuencia organizada.

El exhorto aprobado busca que el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión analicen la viabilidad de este fondo para garantizar que las víctimas indirectas puedan recuperar parte de su patrimonio cuando sus bienes resulten dañados o destruidos en este tipo de episodios violentos.