El Gobierno federal inició una revisión por posibles actos de intimidación contra trabajadores en la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostendrá una reunión con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para conocer a fondo lo ocurrido y posteriormente el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre el caso.

El tema surgió luego de una resolución vinculada al mecanismo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde autoridades estadounidenses advirtieron sobre la posible intervención del crimen organizado en disputas sindicales dentro de la mina operada por la empresa canadiense Orla Mining.

De acuerdo con el análisis del panel, un presunto narcotraficante habría participado en actos de presión contra trabajadores, incluso presentándose armado en reuniones sindicales y acudiendo a domicilios para amenazarlos con el objetivo de obligarlos a integrarse a un sindicato.

La mandataria señaló que cualquier forma de amenaza o coerción contra empleados es ilegal y, si se comprueba, deberá castigarse conforme a la ley, por lo que primero se revisará toda la información antes de emitir una postura definitiva.