Corte tumba parte de la reforma judicial en Zacatecas y ordena cambiar la integración del órgano administrativo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló varias disposiciones de la reforma al Poder Judicial de Zacatecas al considerar que contravienen la Constitución y afectan la independencia de los jueces. Con esta decisión, el máximo tribunal del país ordenó que se corrija la integración del órgano encargado de administrar el sistema judicial en el estado.
La resolución se dio al analizar la acción de inconstitucionalidad 80/2025 presentada por diputados locales, en la que se cuestionaba el modelo con el que fue creado el Órgano de Administración Judicial. La Corte concluyó que la forma en que estaba diseñado permitía una participación excesiva de otros poderes en asuntos internos del Poder Judicial.
De acuerdo con el análisis elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, el esquema aprobado en Zacatecas rompía el equilibrio entre poderes, ya que contemplaba solo tres integrantes: uno nombrado por el Ejecutivo estatal, otro por el Congreso y uno más por el Tribunal Superior de Justicia, lo que generaba una intervención indebida en la administración judicial.
Actualmente, ese órgano está integrado por Norma Esparza Castro, designada por el gobernador David Monreal Ávila; Miguel Eliobardo Romero, elegido por el Congreso local; y Martha Elena Berumen, nombrada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa advirtió que tener solo tres consejeros se aleja del modelo constitucional y pone en riesgo la división de poderes, pues deja la administración judicial con mayoría de integrantes externos al propio Poder Judicial.
Como consecuencia de la sentencia, la Corte instruyó al Tribunal Superior de Justicia del Estado a designar dos nuevos integrantes para que el órgano quede conformado conforme a los parámetros constitucionales. Además, el presidente del tribunal constitucional, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que también deberán realizarse ajustes a la legislación local para evitar nuevas violaciones a la autonomía judicial.