Mientras las y los diputados del Congreso del Estado de Zacatecas perciben ingresos mensuales que superan los 100 mil pesos, el desempeño legislativo vuelve a colocarse bajo revisión pública luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara parte de una reforma aprobada por la actual Legislatura, al detectar deficiencias en su elaboración jurídica.

La decisión del máximo tribunal anuló una disposición contenida en la nueva legislación estatal de acceso a la información, al concluir que el Congreso zacatecano invadió facultades reservadas exclusivamente a la Federación. El punto invalidado contemplaba criterios para restringir información pública bajo argumentos que, de acuerdo con la Corte, no corresponden al ámbito de competencia estatal.

La reforma había sido avalada por la actual Legislatura como parte de una actualización al marco normativo local; sin embargo, la revisión constitucional evidenció inconsistencias en su construcción jurídica, obligando a corregir el contenido aprobado.

No es la primera vez que una reforma impulsada en este periodo legislativo enfrenta observaciones de alto nivel. Apenas en fechas recientes, la Corte también intervino en la estructura del nuevo modelo de administración judicial en Zacatecas, al determinar que su diseño no cumplía con parámetros constitucionales sobre independencia y equilibrio entre poderes.

Estos antecedentes se suman a un panorama que ya mostraba rezagos en el trabajo parlamentario. Reportes nacionales ubican al Congreso zacatecano en la parte baja del ranking de productividad legislativa, reflejando bajos niveles de generación de iniciativas y resultados parlamentarios frente a otras entidades.

Las recientes resoluciones judiciales reabren el debate sobre la calidad de las leyes que se aprueban en Zacatecas y el desempeño de una Legislatura que, pese a su alto costo para el erario, enfrenta cuestionamientos por la solidez y efectividad de su trabajo.