La suspensión provisional de las obras del viaducto elevado en Zacatecas ha generado un debate sobre sus implicaciones económicas y legales. El secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, señaló que la paralización de la construcción representa una pérdida diaria de aproximadamente 4 millones de pesos para el erario público. Sin embargo, aclaró que este impacto es temporal y que los recursos no se están desperdiciando, sino que se aplicarán una vez que se reanuden los trabajos.

La suspensión fue ordenada por el Poder Judicial de la Federación debido a la falta de autorizaciones y estudios de impacto ambiental y patrimonial necesarios para la obra. Esta decisión ha llevado a que el proyecto sea considerado ilegal por carecer de los permisos correspondientes de instancias federales y municipales.

Ante esta situación, el abogado Jorge Rada Luévano presentó denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, solicitando que se finquen responsabilidades a los funcionarios involucrados por el presunto desfalco al erario derivado de la suspensión de la obra.

La suspensión del viaducto elevado también ha generado tensiones entre el gobierno estatal y el Poder Judicial, así como preocupaciones sobre el impacto en la economía local, afectando a proveedores y transportistas que dependen de la continuidad de la construcción.