El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó un nuevo ingreso al rancho Izaguirre, 58 días después de haber denunciado que este sitio era utilizado como fosa clandestina y centro de reclutamiento forzado. La entrada fue posible gracias a una autorización judicial que reconoce su derecho a participar en la investigación, en cumplimiento de las leyes sobre personas desaparecidas.

El operativo contó con el acompañamiento de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con quienes el colectivo se desplazó en 12 vehículos oficiales. La representante del grupo, Indira Navarro Lugo, informó que sostuvo una llamada con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien manifestó su compromiso de esclarecer los hechos.

Navarro Lugo también señaló contradicciones entre los informes de la Fiscalía de Jalisco y los datos que tenía Gertz, asegurando que fue la primera vez que el fiscal general conoció las pruebas forenses sobre los 17 lotes de restos óseos hallados en el rancho, aún no divulgadas por las autoridades estatales.

Durante la inspección, que duró cerca de seis horas bajo estrictas medidas de seguridad y bioseguridad, el colectivo evitó hacer declaraciones a la prensa. Mientras tanto, las actividades agrícolas en los alrededores del rancho Izaguirre, suspendidas por más de dos meses, se reanudaron, marcando un cambio visible en la zona.