El diputado local Chuy Badillo ha iniciado el reparto de agua potable en Fresnillo con una pipa rotulada con su nombre y el logotipo de su empresa familiar “Ferretería y Maderas Badillo”. A través de sus redes sociales, el legislador declaró: “Lo dijimos en campaña, lo reafirmamos con hechos”, dejando claro que esta acción fue parte de sus promesas proselitistas.

Lo que aparenta ser una acción solidaria es, en realidad, un caso que roza la promoción personalizada con recursos públicos o privados utilizados en coordinación con autoridades municipales. En la pipa se observan claramente los logotipos y nombres vinculados al diputado y a su empresa, lo que podría configurar un conflicto de interés conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, el artículo 134 constitucional prohíbe expresamente que los servidores públicos utilicen su imagen o nombre para promocionar acciones de gobierno o servicios públicos.

¿Se trata de una verdadera ayuda a la ciudadanía o de un mecanismo para posicionarse políticamente y promover su negocio familiar? Lo mínimo que se exige es transparencia: ¿Quién paga el agua, la gasolina, el mantenimiento de la pipa? ¿Hay algún contrato con el municipio? En tiempos de crisis hídrica, convertir una necesidad básica en herramienta de visibilidad política no solo es irresponsable, es una falta ética y posiblemente legal.