Recientemente, el periodista zacatecano Andrés Vera reveló que el abogado Jorge Rada, conocido como «el abogado del pueblo», mantiene un contrato mensual de 72 mil pesos con el Ayuntamiento de Zacatecas. Este contrato, aunque no especifica claramente los servicios por los cuales se le remunera, indica que se le proporcionará información que debe resguardar.

Este hecho resulta llamativo, considerando que tanto Rada como el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, han trabajado conjuntamente en acciones legales para suspender la construcción del viaducto elevado en Zacatecas. Ambos han declarado en diversas entrevistas que estas acciones buscan defender la voluntad de las y los zacatecanos.

Sin embargo, existe una aparente contradicción en sus posicionamientos. Por un lado, Rada ha señalado al Ayuntamiento como corresponsable por omisión, al permitir que se construya la obra sin contar con más de 42 permisos de construcción municipales obligatorios . Por otro lado, Varela ha afirmado que el proyecto no cuenta con autorizaciones de ningún tipo y ha calificado la obra como «el fraude del siglo.

Además, Rada ha presentado denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, argumentando un desfalco al erario por la suspensión provisional de la construcción del viaducto, debido a la falta de estudios de impacto ambiental y patrimonial, así como de los permisos necesarios.

Estas acciones y declaraciones generan dudas sobre la coherencia y transparencia en la relación entre Rada y el Ayuntamiento. Si bien ambos actores públicos aseguran actuar en defensa de la ciudadanía, la existencia de un contrato sin servicios claramente especificados y las acusaciones mutuas sobre omisiones en el proceso de construcción del viaducto elevan cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de su colaboración y sus motivaciones.