Unidad de Inteligencia Financiera expone cómo se llevó a cabo el caso legal contra la red de corrupción de García Luna.
México gana demanda millonaria contra García Luna y su esposa por red de corrupción
Durante la conferencia denominada “La Mañanera del Pueblo”, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el Gobierno de México ganó una demanda civil en Estados Unidos contra Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón— y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en una compleja red de corrupción.
Gómez detalló que el fallo fue emitido por una jueza en Florida, quien ordenó el pago de 748 millones 829 mil 676 dólares por parte de los demandados. La resolución incluye la transferencia de propiedades registradas a su nombre a favor del Gobierno de México.
El funcionario explicó que la denuncia se originó tras detectar una serie de contratos irregulares celebrados entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto. Se identificaron 30 contratos realizados por la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario, por un monto de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos.
Ante la magnitud de las irregularidades, la UIF presentó en 2020 una demanda inicial por 250 millones de dólares contra García Luna, seguida de otra contra su esposa por 580 millones de dólares, con base en información recabada durante investigaciones posteriores. Según Gómez, ambas demandas fueron tramitadas por separado y respondían a responsabilidades individuales, así como a los bienes y empresas registradas a nombre de cada uno.
La jueza de Florida dictó la sentencia actual como resultado de la falta de respuesta por parte de los acusados. Gómez aclaró que la resolución no es definitiva en todos los frentes, ya que aún está pendiente otra sentencia relacionada con empresas implicadas en el esquema de corrupción.
Finalmente, el titular de la UIF destacó el papel de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como clave para el avance del caso, al abrir los archivos que permitieron documentar y probar las operaciones ilegales de García Luna y su red.