Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos restableció temporalmente los aranceles comerciales impulsados por el expresidente Donald Trump, apenas un día después de que una corte de comercio internacional determinara que dichas medidas excedían sus facultades presidenciales.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington emitió este jueves una orden breve que suspende el fallo previo del Tribunal de Comercio Internacional (CIT), lo que permite mantener vigentes los aranceles mientras se analiza una suspensión más prolongada. Aunque no presentó una opinión argumentativa, el tribunal dio plazo hasta el 5 de junio para que los demandantes respondan, y hasta el 9 de junio para que lo haga la defensa del expresidente.

El fallo original del CIT, considerado sorpresivo, había bloqueado de forma inmediata los llamados aranceles del «Día de la Liberación», una política comercial que buscaba imponer tarifas generalizadas a importaciones provenientes de países como México, Canadá y China. La administración Trump justificó estas medidas bajo el argumento de que estos países facilitaban el ingreso de fentanilo a Estados Unidos.

La decisión judicial del miércoles, que prohibía a Trump aplicar estos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, cuestionó directamente una de las estrategias económicas más emblemáticas del exmandatario, al considerar que no existe una amenaza «inusual y extraordinaria» que justifique su implementación. Además, sostuvo que el uso de estos poderes para imponer tarifas excede lo permitido por la ley.

Desde la Casa Blanca, el gobierno de Trump respondió calificando el fallo del CIT como “flagrantemente erróneo” y aseguró que solicitaría su suspensión ante la Corte Suprema si fuera necesario. El portavoz presidencial, Kush Desai, defendió los aranceles afirmando que los déficits comerciales son una «emergencia nacional» que ha afectado gravemente a la industria y a los trabajadores estadounidenses.

Trump ha insistido en que estas tarifas forzarían a otros países a negociar condiciones más favorables para EE.UU., atraerían de vuelta empleos fabriles y generarían ingresos suficientes para reducir el déficit federal. Sin embargo, las medidas han provocado tensiones con aliados comerciales, sacudidas en los mercados financieros y preocupaciones por su impacto en la inflación.

Actualmente, el expresidente enfrenta al menos siete demandas por la legalidad de estas acciones, en las que los demandantes sostienen que los déficits comerciales no constituyen una emergencia nacional bajo los términos de la legislación vigente.

La batalla legal sigue abierta, y la decisión final sobre el alcance de los poderes ejecutivos en materia comercial aún está por definirse.