Mientras fue presidente municipal de Tlaltenango, Miguel Varela impulsó el fallido proyecto del llamado “relleno sanitario” en la comunidad indígena de Cicacalco, que terminó por convertirse en un foco de contaminación para la región. En 2022, la PROFEPA clausuró definitivamente el sitio por violaciones graves a la normativa ambiental. Sin embargo, hasta hoy, la comunidad sigue enfrentando las consecuencias: fuentes naturales contaminadas, lixiviados filtrándose al arroyo de los Tecongos, y un proceso de cierre lento, desorganizado y sin recursos suficientes. La población, que ha documentado y denunciado el daño desde 2019, continúa exigiendo justicia ambiental ante el desinterés oficial.

Lejos de atender el problema, el gobierno de Varela —y las administraciones siguientes— minimizaron el conflicto, desestimaron los estudios de impacto ambiental y simularon acciones de cierre sin sustento técnico ni legal. Incluso en 2023, la comunidad organizó foros, recolectó muestras de agua y suelo, y exigió la intervención de instancias federales, sin obtener una respuesta efectiva. A pesar del dictamen oficial de clausura, el basurero siguió representando un riesgo para los arroyos, los veneros y la salud pública.

Hoy, el mismo Miguel Varela, responsable directo del origen de esta crisis ambiental, ocupa nuevamente un cargo público. Lejos de rendir cuentas o asumir la responsabilidad, ha continuado su carrera política mientras el municipio de Tlaltenango enfrenta una multa de cinco millones de pesos por delitos ambientales. La llamada “austeridad republicana” y la promesa de barrer la corrupción “de arriba hacia abajo” parecen no aplicar en este caso.

Actualmente, el predio sigue sin una remediación adecuada. Las acciones de cierre se realizan de manera lenta, sin recursos suficientes, sin un cronograma definido, y sin atender los daños al cauce del río Tlaltenango, que lleva más de cinco temporadas de lluvias recibiendo lixiviados sin control. A la fecha, el municipio carece de un sitio funcional para la disposición de residuos sólidos urbanos.

La comunidad de Cicacalco no ha bajado los brazos. Exige que las autoridades estatales y federales retomen el proceso de supervisión y garanticen un cierre digno, con monitoreo constante por los próximos 20 años, como dicta la ley. Y aunque han logrado algunos avances, la herida sigue abierta. El desastre provocado por Miguel Varela no solo contaminó el suelo y el agua; también evidenció la impunidad con la que operan algunos funcionarios que hoy siguen lucrando con el poder.