En el marco de una nueva estrategia de seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos inició investigaciones formales por narcoterrorismo contra siete personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales. Entre los señalados se encuentran tres ciudadanos mexicanos, miembros del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva.

Esta decisión se da tras la emisión de la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente estadounidense el pasado 20 de febrero de 2025, mediante la cual se designó a seis cárteles mexicanos y a dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). La medida permite a las autoridades aplicar penas más severas y ampliar los márgenes legales para investigar redes criminales internacionales.

Mexicanos señalados por narcoterrorismo

Los primeros tres mexicanos acusados son:

• Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel, presuntos integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva. La Fiscalía de Texas les imputa delitos de narcoterrorismo relacionados con una red de producción y tráfico de fentanilo. Ambos están prófugos y se presume que se ocultan en Los Mochis, Sinaloa.

• María del Rosario Navarro Sánchez, de 39 años, fue detenida en Jalisco y es acusada de colaborar con el CJNG. Se le atribuye el intento de proveer armamento al cártel, operar una red de mensajería para tráfico de metanfetaminas hacia Texas y participar en tráfico de personas migrantes.

Involucramiento de ciudadanos estadounidenses y colombianos

También fueron acusados:

• Maxwell Sterling Jensen y James Lael Jensen, ciudadanos estadounidenses, señalados por conspirar para apoyar al CJNG a través de una empresa fachada en Texas llamada Arroyo Terminals. Esta firma habría facilitado operaciones de contrabando de petróleo crudo.

• Dos colombianos, incluyendo Geovany Andrés Rojas, alias La Araña, presunto líder de los Comandos de Frontera. Fue acusado en marzo en la Corte del Distrito Sur de California por tráfico de cocaína y financiamiento de grupos terroristas.

Cambio en la política antidrogas de EE.UU.

Estas acciones forman parte de la operación «Take Back America», una ofensiva federal que busca desmantelar redes criminales transnacionales y frenar el impacto del crimen violento en territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), la tipificación de «narcoterrorismo» no es común en estos casos, pero se aplica ahora para perseguir con mayor rigor a quienes representan una amenaza directa a la seguridad nacional.