Lo que hace apenas unos años parecía una innovación táctica limitada —el uso de drones para transportar droga—, en 2025 se ha transformado en una amenaza directa: los cárteles mexicanos ahora utilizan drones armados con explosivos como herramientas de ataque, espionaje y control territorial.

En estados como Michoacán, la población civil se ha convertido en víctima colateral de esta nueva modalidad de violencia. En marzo, cerca de 500 personas huyeron de la región de Tierra Caliente debido a los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios, en los que se utilizaron artefactos explosivos lanzados desde drones.

Una guerra desde el cielo

México se suma así a una lista de países —junto con Ucrania y Siria— donde se han registrado ataques aéreos con drones armados. En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reportado la muerte de 42 soldados entre enero y julio de 2023 a causa de estos ataques.

La facilidad de acceso a estos dispositivos agrava el problema: en México, los drones pueden adquirirse sin restricciones legales, incluso por internet. Algunos grupos criminales usan modelos básicos de $700 dólares, mientras que otros, como el CJNG, emplean drones agrícolas de alta gama capaces de cargar explosivos pesados.

 “Lady Drones” y los operadores del CJNG

Informes de seguridad señalan que el CJNG cuenta con un grupo especializado de operadores de drones. Desde 2021, se ha identificado una célula conocida como “Operadores Droneros”, cuyos miembros usan parches con calaveras y las siglas del cártel. Incluso se ha documentado la participación de una mujer apodada “Lady Drones”, supuestamente encargada de coordinar ataques contra el Ejército.

En videos difundidos en redes sociales, estos operadores han mostrado el lanzamiento de explosivos caseros desde el aire como táctica de intimidación.

Más allá de los explosivos: vigilancia y espionaje

Además del ataque directo, los drones también han reemplazado funciones clave de los llamados “punteros” del narco. Pueden identificar matrículas de vehículos, rastrear calor corporal o interceptar comunicaciones, sin poner en riesgo a sus operadores.

En lugares como Culiacán, Sinaloa, los espías callejeros del crimen han comenzado a desaparecer, desplazados por esta nueva tecnología.

La población civil, atrapada

Desde 2021, el uso de drones con explosivos ha dañado viviendas, escuelas y templos. Se han reportado incluso ataques con sustancias químicas lanzadas desde el aire, como ocurrió en abril de 2024 en Michoacán, generando asfixia y lesiones en la población.

“No vemos que las autoridades respondan a la crisis humanitaria que esta violencia está generando”, denunció el Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, organización que acompaña a desplazados por la violencia en Michoacán.

La respuesta del Estado

Frente a esta nueva amenaza, el gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos. La Sedena ha fortalecido su Escuadrón Aéreo 601, especializado en drones para reconocimiento y combate. También desarrolla, junto con la Universidad Aeronáutica de Querétaro, el primer dron 100% mexicano con fines de seguridad.

En Michoacán, se ha implementado un sistema antidrones portátil que combina radar y cañón de interferencia. Sin embargo, los expertos consideran que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Cooperación internacional y vacío legal

Estados Unidos ha operado drones de vigilancia en México desde hace dos décadas, incluidos los utilizados para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a su hijo Ovidio. En la frontera, la Patrulla Fronteriza ha detectado más de 155 mil drones utilizados por el crimen entre 2022 y 2025.

Ante el vacío legal en México, el Senado propuso una reforma a la Ley de Aviación Civil para regular la venta, importación y uso de drones, exigiendo registro de usuarios y puntos de venta, y así prevenir su uso criminal.