El hallazgo de una mini refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, ha revelado la operación de una red criminal altamente sofisticada dedicada al procesamiento y comercialización de combustible robado. Esta estructura ilícita involucra a cárteles del narcotráfico, extrabajadores de Pemex, empresas fantasma y contrabandistas, y representa pérdidas anuales de hasta 9 mil millones de dólares para el Estado mexicano, según reportes oficiales y de especialistas.

Operación clandestina con capacidad industrial

La instalación fue localizada el 18 de junio por autoridades federales. Funcionaba de manera oculta desde hacía más de cuatro años y, según expertos, procesaba petróleo crudo robado utilizando técnicas de destilación rudimentarias para convertirlo en gasolina. El producto, aunque de bajo octanaje, era adulterado con aditivos para mejorar su apariencia y comercializado con márgenes de ganancia de hasta el 30%.

Los especialistas señalan que este tipo de operaciones requieren conocimientos avanzados en ingeniería química e industrial, así como inversiones que rondan los cinco millones de dólares. “No son estructuras improvisadas”, advirtió el doctor Gabriel Vera, mientras que el doctor Jorge Cárdenas, de la UNAM, cuestionó la falta de vigilancia: “¿Cómo es posible que se desvíen 500 mil litros de petróleo sin que nadie lo note, y tan cerca de una refinería?”.

¿Quiénes están detrás?

Investigaciones apuntan a que detrás de estas operaciones se encuentran grupos criminales con acceso a tecnología, ingeniería y personal con experiencia en Pemex. Además del robo físico de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, estas redes recurren al contrabando transfronterizo, falsificación documental y venta a través de estaciones de servicio, tanto legales como informales.

Alejandro Lares, presidente de la Asociación de Egresados del FBI en México, señaló que el crimen organizado cuenta con técnicos que “saben perfectamente cómo perforar ductos, instalar válvulas y operar refinerías ilegales con eficiencia”.

Evolución del huachicol: cinco modalidades

El robo de combustible en México ha evolucionado en complejidad y métodos. Actualmente se reconocen cinco principales modalidades:

1. Huachicol tradicional: adulteración del combustible con agua, éter u otros solventes.

2. Huachicol de ductos: extracción directa a través de perforaciones en oleoductos.

3. Huachicol fiscal: contrabando disfrazado con facturación falsa o empresas fachada.

4. Huachicol carretero: mezcla de gasolina legal e ilegal durante el transporte.

5. Autoconsumo sin control: venta de diésel robado a empresas sin regulación.

Ricardo Quíroz, vicepresidente del consejo de Ampes, advirtió que “ni los propios empresarios gasolineros saben qué están recibiendo”, dada la capacidad de estas redes para falsificar documentación y sellos de calidad.

Reacción del Gobierno mexicano

En respuesta, el Gobierno federal ha reforzado su estrategia de control energético. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó intensificar la fiscalización y anunció el despliegue de una plataforma tecnológica que rastreará el combustible desde su importación hasta su venta en estaciones de servicio. También se han clausurado cientos de puntos ilegales y se sustituyó la Comisión Reguladora de Energía por la nueva Comisión Nacional de Energía.

Los cambios legales permiten suspender operaciones de empresas en caso de detectar irregularidades fiscales, sanitarias o ambientales de forma inmediata.

Estados Unidos también está implicado

La red de robo de combustibles también opera en territorio estadounidense. La Operación Muerte Líquida, liderada por la Fiscalía de EE. UU., descubrió que el empresario James Jensen y su hijo Maxwell Sterling contrabandeaban crudo robado desde México hasta Texas. Se documentaron 2,881 cargamentos ilegales y se exige una indemnización de 300 millones de dólares. Según el Departamento del Tesoro, este negocio ilícito representa la fuente de ingresos no relacionada con drogas más grande para los cárteles mexicanos.

Una amenaza estructural

El especialista Luis Miguel Labardini advirtió que “México se está acercando al modelo de Nigeria, donde la ausencia de Estado de derecho permite la operación de complejas redes criminales en el sector energético”.

El problema ya no es solo el robo de ductos. Hoy, se enfrenta una red transnacional que refina, mezcla, distribuye y comercializa combustible robado con total profesionalización. Sus consecuencias son graves: afectan el medio ambiente, debilitan la seguridad energética y generan pérdidas fiscales millonarias.

El desafío es detener un fenómeno que ha cruzado fronteras, ha evolucionado en métodos y ahora requiere una respuesta conjunta entre México y Estados Unidos.