La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno del expresidente Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen, al suspender una orden judicial previa que exigía ofrecer a los afectados la posibilidad de impugnar dichas expulsiones.

La decisión del máximo tribunal se dio tras la deportación de ocho migrantes —originarios de Myanmar, Vietnam y Cuba— hacia Sudán del Sur, lo cual fue considerado como una violación de la orden por el juez federal Brian E. Murphy, con sede en Boston. Los deportados habían sido condenados por delitos graves en EE. UU.

Según funcionarios de inmigración, no fue posible repatriar rápidamente a los migrantes a sus países de origen, por lo que optaron por enviarlos a una base naval estadounidense en Yibuti. Esta medida fue parte de una estrategia alternativa para continuar con las deportaciones.

El caso se enmarca en una política migratoria estricta impulsada durante la administración Trump, que incluyó promesas de deportar a millones de personas indocumentadas. La decisión de la Corte representa un respaldo significativo a las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.