Sinaloa, México – La violencia generada por la disputa entre las facciones criminales conocidas como Los Chapitos y Los Mayos, ambas pertenecientes al Cártel de Sinaloa, ha provocado el desplazamiento forzado de más de 3 mil personas desde septiembre de 2024.

Durante una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes 23 de junio, la titular de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, María Inés Pérez Corral, informó que se tiene registro oficial de 3,048 personas desplazadas de manera permanente, principalmente provenientes de los municipios de Concordia, El Rosario, San Ignacio, Cosalá, Elota, Culiacán y Navolato. Estas regiones han sido escenario recurrente de enfrentamientos armados.

Las autoridades estatales, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, han desplegado operativos de acompañamiento para garantizar la seguridad de las personas afectadas. Pérez Corral destacó que los esfuerzos están enfocados en brindar apoyo integral a las familias desplazadas, incluyendo atención social, legal y de seguridad.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el conflicto entre estas dos facciones criminales ha dejado un saldo de al menos 1,405 personas asesinadas y 1,862 desaparecidas desde el inicio de la disputa.

La confrontación se intensificó luego de la presunta detención y entrega de Ismael «El Mayo» Zambada García en julio de 2024, quien habría sido capturado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera. A raíz de este hecho, los enfrentamientos comenzaron el 9 de septiembre en diversos puntos de Sinaloa, incluyendo Culiacán, Costa Rica, Eldorado y Elota.

En respuesta, el Gobierno Federal y Estatal ha reforzado su presencia en la entidad. El pasado 13 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunieron en Culiacán para evaluar la estrategia de seguridad.

Como parte de estas acciones, fueron desplegados 1,600 elementos adicionales, 400 de ellos de la SSPC y 1,200 del Ejército. Días después, se anunció el arribo de 400 elementos más de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en puntos críticos.

A pesar de estos esfuerzos, los enfrentamientos y la violencia persisten, afectando directamente la vida cotidiana de cientos de familias. Muchos habitantes han optado por cerrar negocios o abandonar sus comunidades ante el riesgo constante.