Washington, D.C. – El gobierno de Estados Unidos prepara un proceso judicial severo contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, y sus familiares, amigos y socios también podrían enfrentar consecuencias legales bajo el llamado Estatuto Kingpin (Código 848), una herramienta jurídica distinta a la ley RICO que permite ampliar las imputaciones y confiscar bienes relacionados con actividades criminales.

Un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense, descartó tajantemente cualquier tipo de acuerdo o negociación con Caro Quintero, actualmente preso y a la espera de juicio en Nueva York. “Todos los rumores sobre una negociación son falsos. Este criminal será enjuiciado con todo el peso de la ley”, afirmó.

Un juicio complejo y de largo alcance

El proceso legal contra el exlíder del cártel de Guadalajara se desarrollará en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ante el juez Frederick Block. Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas ilegales y su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara.

Además del juicio en Nueva York, pesan sobre él otros dos encausamientos en Texas y California. El Departamento de Justicia planea incluir todas las acusaciones posibles bajo el Código 848, creado en 1970 para desmantelar estructuras criminales organizadas.

La fiscal del caso: misma que procesó a García Luna

El caso está a cargo de Saritha Komatireddy, fiscal federal que previamente logró el procesamiento del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. La fiscalía ha comenzado a recopilar miles de documentos, evidencias y testimonios relacionados con más de 40 años de actividades delictivas ligadas a Caro Quintero, muchos de ellos obtenidos con colaboración de autoridades mexicanas.

“Este será un juicio extenso, con una fase de preparación que podría llevar entre año y medio y dos años”, explicó la fuente, aludiendo al volumen de material acumulado. El objetivo, aseguran, es garantizar una condena que implique prisión de por vida para el narcotraficante.

Posibles acciones contra su red de apoyo

Uno de los elementos clave del Estatuto Kingpin es que permite a los fiscales ampliar los alcances de la acusación no solo al acusado principal, sino a quienes colaboraron, se beneficiaron o participaron en la operación de la “empresa criminal continua”. Esto abre la puerta a posibles cargos contra familiares, amigos y socios de Caro Quintero, así como a la confiscación de bienes y recursos financieros asociados a su red.

La justicia estadounidense busca con este proceso enviar un mensaje claro sobre su política de cero tolerancia hacia organizaciones criminales transnacionales y quienes las financian, protegen o encubren.