Ciudad de México. – Una tabla elaborada a partir de datos oficiales de la Secretaría de Salud ha generado profunda preocupación en redes sociales, al exponer casos recientes de nacimientos en México donde la madre es menor de edad y el padre tiene una edad considerablemente mayor.

Los registros, correspondientes al año 2024, muestran al menos 30 casos documentados en los que mujeres menores, incluso niñas, se convirtieron en madres. Lo alarmante, no solo es la edad de las madres, sino la enorme diferencia de edad con los padres, lo que ha encendido alertas sobre posibles casos de abuso, coerción o relaciones que vulneran derechos fundamentales.

Casos que causan alarma

Entre los casos más extremos destaca uno ocurrido en el Estado de México, donde una niña de 10 años dio a luz y el padre registrado tiene 32 años, una diferencia de 22 años. Otro caso del mismo estado señala a un hombre de 65 años como padre de un bebé cuya madre tiene 12 años, lo que representa una diferencia de 53 años.

Otra tabla adicional muestra los nacimientos con las diferencias de edad más amplias registradas entre padre y madre:

• 75 años de diferencia: padre de 97 y madre de 22 años en Acuña, Coahuila.

• 71 años de diferencia: padre de 94 y madre de 23 años en Arcelia, Guerrero.

• 70 años de diferencia: padre de 88 y madre de 18 años en Del Nayar, Nayarit.

• 69 años de diferencia: padre de 85 y madre de 16 años en San Luis Acatlán, Guerrero.

• 69 años de diferencia: padre de 98 y madre de 29 años en León, Guanajuato.

Debate social y preocupación por normalización

La publicación de estos datos ha provocado reacciones de indignación en redes sociales, donde usuarios han calificado las cifras como “perturbadoras” y “alarmantes”. Además, ha reavivado el debate sobre la normalización de uniones forzadas o abusivas, especialmente en regiones donde aún persisten prácticas bajo el argumento de “usos y costumbres”.

Organizaciones defensoras de derechos de niñas y mujeres han insistido en que estos datos deben servir para reforzar acciones de prevención del abuso sexual infantil, matrimonios forzados y embarazo adolescente, así como garantizar el acceso a la justicia en los casos donde se configuren delitos.

A pesar de los esfuerzos legislativos para prohibir los matrimonios infantiles y fortalecer la protección de menores en México, las cifras reveladas muestran que persisten vacíos estructurales, culturales y legales que deben atenderse con urgencia.