El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció la presentación de una demanda colectiva junto a otros 19 fiscales generales estatales, en la que acusan al gobierno del expresidente Donald Trump de violar leyes federales al compartir información confidencial de beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fines de deportación.

Según Bonta, esta acción vulneró varias leyes de privacidad, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), así como disposiciones de la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974.

Datos personales sensibles compartidos con DHS

La información compartida provenía de programas de Medicaid financiados exclusivamente con fondos estatales en California, Illinois, Washington y Washington D.C., los cuales permiten la cobertura de personas sin ciudadanía estadounidense. Los datos incluían nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y detalles de reclamaciones médicas.

Un informe de The Associated Press reveló que, en junio, funcionarios del Departamento de Salud bajo el mandato de Trump autorizaron la transferencia de esta información al DHS, a pesar de advertencias internas que alertaban sobre la ilegalidad del acto.

Presiones políticas y resistencia interna

Un memorando fechado el 6 de junio y firmado por Sara Vitolo, subdirectora de Medicaid, documenta la oposición de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) a entregar los datos. Sin embargo, tan solo cuatro días después, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ordenó su envío “antes de las 5:30 p.m. ET”, bajo lo que se presume fueron presiones políticas directas.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, defendió la decisión, argumentando que la medida estaba destinada a evitar el mal uso de fondos federales por parte de estados que atienden a personas con “estatus migratorio insatisfactorio”, y que se actuó “dentro del marco legal”.

Revisión nacional y otras medidas paralelas

Este intercambio de datos se enmarcó en una revisión nacional emprendida por la administración Trump para verificar la elegibilidad de beneficiarios de Medicaid y asegurar que los fondos federales no se usaran en personas no autorizadas.

En paralelo, un juez federal se negó recientemente a bloquear que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de facilitar arrestos.

Reacciones y consecuencias legales

La revelación ha provocado una fuerte reacción en el Congreso. Varios legisladores demócratas han exigido al DHS que detenga el intercambio de datos médicos y destruya la información ya recibida.

“Esto contradice siete décadas de política federal, que ha protegido los datos personales de salud como confidenciales, salvo en casos que beneficien la salud pública o el buen funcionamiento de Medicaid”, advirtió Rob Bonta.

La demanda, que incluye a 20 estados, podría sentar un precedente legal clave en la protección de la privacidad de los inmigrantes en programas de salud y limitar futuros intentos de cruzar bases de datos médicas con operaciones migratorias.