Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló una preocupante red de corrupción que favorecía al líder huachicolero Cirio Sergio Rebollo Mendoza, mejor conocido como “Don Checo”. De acuerdo con las autoridades, este personaje pagaba al menos 25 mil pesos semanales a funcionarios de inteligencia de Pemex, elementos de la Secretaría de Marina y hasta personal de la propia FGR, con el objetivo de garantizar impunidad, protección y la liberación de cómplices detenidos.

El caso se sustentó con más de 2 mil audios interceptados que evidencian cómo operaba esta red. En uno de ellos, clasificado como “evento 800”, se detallan instrucciones precisas para entregar el dinero a un funcionario de Pemex. Otro audio revela la entrega de tres sobres con 55 mil pesos a diferentes autoridades, incluyendo un fiscal, para liberar a un detenido que portaba un arma de fuego. Además, se descubrieron avisos internos sobre cateos y operativos, como uno en la autopista México-Querétaro, donde incluso se mencionaba que “el Güero Mantecas” filtraba la información a la organización.

La influencia de la red no se limitaba a Pemex y FGR. También se registraron encuentros con supuestos contactos dentro de la Secretaría de Marina, según conversaciones donde se hablaba de “amigos marinos” dispuestos a colaborar a cambio de dinero.

El grupo operaba principalmente en CDMX, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, causando un daño económico estimado en más de 1,200 millones de pesos anuales a Pemex. Tras seis meses de investigación, las autoridades lograron desmantelar parte de esta red, deteniendo a 32 personas y asegurando 16 millones de pesos en efectivo, así como vehículos, pipas y propiedades.

Aunque el operativo fue liderado por la FGR, la Marina y la SSPC, las grabaciones han levantado sospechas sobre posibles colusiones internas. Sin embargo, funcionarios como Omar García Harfuch han negado estos vínculos y aseguraron que dichas instituciones fueron fundamentales en el desmantelamiento de la organización.

Este caso expone con crudeza cómo la corrupción institucional continúa alimentando redes criminales que afectan gravemente al país, incluso en sectores estratégicos como el energético. El combate al huachicol, que en algún momento se declaró bajo control, sigue siendo uno de los retos más complejos para la seguridad nacional.