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julio 29, 2025

Arancel del 30 % solo aplicaría al comercio fuera del T-MEC, aclara la American Society of Mexico

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que a partir del 1 de agosto se aplicará un gravamen del 30 % a productos mexicanos, pero esta medida no afectaría a los bienes incluidos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). Así lo destacó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, al explicar que entre el 85 % y 90 % del comercio bilateral ya está protegido por este marco comercial.

La advertencia de ese arancel surge en el contexto de presiones por parte de la administración estadounidense, que acusa a México de no actuar con suficiencia en la lucha contra el narcotráfico, especialmente el fentanilo. Según argumentan, esta omisión justificaría las nuevas tarifas como mecanismo de presión.

Rubin enfatizó que los tipos de productos que quedarían fuera del T‑MEC —y por tanto podrían ser afectados— representan solo cerca del 15 % de las exportaciones mexicanas a EE. UU., principalmente automóviles y autopartes que no cumplen con las reglas de origen del tratado, así como otros bienes específicos.

La American Society llamó también a México a atender “pendientes irritantes” en materia de propiedad intelectual, protección de datos y combate a la piratería, pendientes que generarían fricciones y podrían poner en riesgo la estabilidad de la relación bilateral.

En este escenario, dijeron que una estrategia clave es reforzar el diálogo binacional y avanzar en las negociaciones con autoridades estadounidenses para evitar la imposición del arancel a ese segmento no cubierto por el T‑MEC.

En un contexto más amplio, especialistas y empresarios mexicanos ven un impacto limitado si se mantiene la exclusión de bienes conformes al tratado. Sin embargo, alertan que sectores como el automotriz, agroindustrial y manufacturero podrían enfrentar riesgos significativos si las condiciones cambian.

El anuncio revive debates sobre la vigencia del T‑MEC como guardián del flujo comercial, y pone sobre la mesa la urgencia de resolver compromiso regulatorios pendientes para mantener una relación eficiente y estable con EE. UU.

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