El reclamo internacional ya tocó puerta: empresas estadounidenses agrupadas en el Energy Workforce & Technology Council, que reúne a más de 250 firmas del sector energético, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una solución urgente a la deuda de más de 1 800 millones de dólares que Pemex acumula por trabajos prestados entre 2024 y 2025. Se adeudan 871 millones por servicios de 2024 que aún no pueden facturarse por fallas en el sistema Copades, y 983 millones por servicios ya ejecutados este año, sin incluir otros proyectos planeados para 2026.

El llamado de presión advierte que, si no se resuelven estos pagos, se corre el riesgo de que proveedores reduzcan o suspendan operaciones, lo que podría afectar directamente la producción de energía en el país. Este escenario coloca a Pemex en una situación crítica, especialmente al considerar que arrastra una deuda financiera global cercana a los 100 000 millones de dólares, siendo actualmente la petrolera más endeudada del mundo.

Por su parte, el gobierno federal ha intentado mitigar el impacto financiero. Claudia Sheinbaum ha informado que hasta junio se había logrado pagar 147 mil millones de pesos, alrededor del 30 % de la deuda registrada a finales de 2024, y que se está priorizando el pago a proveedores más pequeños. Aun así, diversas asociaciones han denunciado que cientos de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan cortes de liquidez, y funcionarios han advertido sobre una posible paralización operativa en julio si no se normalizan los pagos.

El gobierno ha lanzado un paquete financiero para reforzar la estabilidad de Pemex, incluyendo una emisión internacional de 12 000 millones de dólares en notas precapitalizadas a través de un fideicomiso privado, con el objetivo de fondear obligaciones de deuda durante 2025 y 2026. Estos instrumentos no aparecen en el balance de la empresa, lo que ofrece mayor margen de maniobra financiera, y fueron colocados con alta demanda global.

En resumen, la crisis no es solo financiera, sino estructural: Pemex debe acelerar los pagos pendientes, garantizar acceso funcional al sistema de facturación, definir cronogramas claros y evitar intermediarios irregulares. Solo así podría evitar una ruptura operativa que impacte tanto en el sector energético nacional como en la relación comercial con socios extranjeros.