La violencia volvió a hacerse presente en Acapulco tras dos ataques armados ocurridos en menos de 48 horas contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, generando preocupación entre autoridades y ciudadanos.

El primero de los atentados se registró la noche del domingo 28 de julio, cuando hombres armados dispararon contra las oficinas del Ministerio Público ubicadas en el fraccionamiento Costa Azul. Aunque no se reportaron personas heridas, el tiroteo causó daños materiales y provocó un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad en la zona.

Dos días después, el martes 30 de julio, otra sede del Ministerio Público, en la zona de Barrios Históricos, fue atacada por sujetos a bordo de motocicletas. Durante este segundo hecho, una fiscal resultó herida, lo que elevó aún más el nivel de alerta. La zona fue acordonada y se iniciaron investigaciones para dar con los responsables.

Como respuesta, el gobierno estatal anunció una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información útil que lleve a la identificación y captura de los atacantes. Esta medida busca hacer frente a la creciente violencia que ha afectado particularmente a sectores como el transporte público, con constantes ataques a choferes y unidades.

Las autoridades han reconocido la presencia activa de al menos tres células criminales que se disputan el control de Acapulco, particularmente en zonas turísticas. En medio de esta tensión, la Fiscalía estatal ha reiterado su independencia y su rechazo a cualquier tipo de vínculo con organizaciones delictivas, asegurando que los ataques son precisamente una reacción ante su negativa a colaborar con grupos criminales.