Una boda entre dos adolescentes, de 16 y 17 años, se celebró el pasado 5 de mayo en la comunidad de San Pedro Cuitlapa, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. La ceremonia, documentada en redes sociales, mostró a la pareja vestida formalmente y forrada de billetes por parte de los invitados. El fotógrafo del evento, Willy Paz, negó que se tratara de un matrimonio forzado.

Este caso se suma al de febrero pasado en Huamuchitos, Acapulco, donde se reportó un arreglo matrimonial entre adolescentes. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado más de 50 casos de matrimonios forzados o infantiles en la región, una práctica que persiste por “usos y costumbres” en comunidades amuzgas, mixtecas y afromexicanas, afectadas por la pobreza extrema.

A pesar de los esfuerzos oficiales, como el plan lanzado en 2021 por la gobernadora Evelyn Salgado para erradicar la violencia contra niñas y adolescentes, no se han reportado resultados concretos. Organizaciones como Tlachinollan han criticado que la estrategia excluyó la participación de las víctimas y de las agrupaciones que las acompañan.

El Congreso de Guerrero ha reformado la ley para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y, recientemente, aprobó penas de hasta 15 años de prisión para quienes obliguen a menores a unirse en matrimonios o uniones similares, así como sanciones para los que gestionen o se beneficien de estas prácticas.