El gobierno de Donald Trump intensificó su disputa con la Universidad de Harvard al revocar su certificación para inscribir estudiantes internacionales, una medida que afecta a casi 7,000 alumnos extranjeros. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión citando “incumplimientos legales” y exigió a la universidad entregar registros de conducta de los últimos cinco años de alumnos extranjeros, además de evidencias de actividades “ilegales o violentas” en el campus.

Harvard calificó la acción como una represalia política ilegal, y respondió presentando una demanda federal. Una jueza emitió poco después una orden temporal para frenar la medida, lo que da un respiro a la institución mientras se litiga el caso.

Esta ofensiva ocurre en medio de presiones del gobierno para que Harvard modifique su gestión de admisiones y control ideológico en el campus, especialmente tras acusaciones de antisemitismo. La administración también ha amenazado con retirar beneficios fiscales y congelar fondos públicos si no se cumplen sus demandas.

La universidad, una de las más ricas del mundo con un fondo patrimonial de más de 53 mil millones de dólares, ha afirmado que no cederá ante presiones políticas. Su presidente, Alan Garber, ha reiterado el compromiso de proteger los derechos de sus estudiantes internacionales y defender la autonomía académica.