El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de María Corina Machado, fue detenido por las autoridades venezolanas la madrugada del viernes 23 de mayo, tan solo dos días antes de las elecciones legislativas y regionales programadas para el domingo 25. Su captura ocurre en un contexto de alta tensión política y profundiza las denuncias sobre la represión del gobierno contra sectores críticos.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció el arresto durante una rueda de prensa, señalando a Guanipa como uno de los “jefes” de una supuesta “red terrorista”. Durante su intervención, mostró un video del momento de la detención y aseguró que el dirigente opositor se mantenía en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la oposición acusó al gobierno de fraude electoral y presentó actas que respaldaban el triunfo de su candidato, Edmundo González.

Guanipa, exdiputado de la Asamblea Nacional y abogado de profesión, había acompañado a María Corina Machado en múltiples actos públicos y discursos desde la campaña presidencial, siendo una de las voces más visibles del sector opositor que desconoce la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro.

En un mensaje difundido tras su detención, Guanipa reconoció:

“Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. No tengo certeza de qué me irá a pasar en las próximas horas, días o semanas”.

Por su parte, el presidente Maduro también anunció la captura de un grupo adicional de presuntos “terroristas” como parte del operativo de seguridad previo a los comicios, endureciendo aún más la narrativa oficial frente a los sectores opositores.

Organizaciones de derechos humanos y actores políticos han denunciado reiteradamente la detención arbitraria de líderes políticos, activistas y ciudadanos en Venezuela, sobre todo después de que Maduro fuera proclamado ganador en unas elecciones cuestionadas por falta de garantías democráticas. Según la Fiscalía venezolana, las protestas posteriores dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2,400 detenidos, de los cuales unos 2,000 habrían sido liberados posteriormente.

En este clima de persecución y fragmentación interna, la oposición se encuentra dividida sobre su participación en las elecciones del domingo, que algunos ven como una oportunidad de resistencia y otros como una validación de un sistema que consideran ilegítimo.