La reciente elección de Hugo Aguilar Ortiz como presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado reacciones encontradas en México. Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y algunos sectores celebran su llegada como un hito histórico, numerosas voces desde comunidades indígenas y organizaciones sociales han expresado preocupación, escepticismo e incluso rechazo.

Aguilar, de origen mixteco, es el segundo indígena en presidir la Corte, después de Benito Juárez. Su lema de campaña, “Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue bien recibido en algunos sectores. Sin embargo, su papel como operador político y jurídico en proyectos polémicos del sexenio de López Obrador —como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico— lo ha dejado bajo una fuerte crítica.

Las principales acusaciones:

• Legitimación de megaproyectos a través de consultas «a modo» durante su gestión en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

• Burocratización del despojo, según organizaciones como APIIDTT y defensores de derechos indígenas.

• Silenciamiento de denuncias, incluyendo acusaciones de haber ofrecido dinero para callar casos de acoso dentro del INPI.

• Falta de imparcialidad y cuestionamiento sobre su papel como juez en casos que podrían implicar conflictos de interés, como los mismos megaproyectos que ayudó a operar.

• Uso político de la identidad indígena, sin representar genuinamente las luchas actuales de los pueblos originarios.

Lo que dicen las comunidades:

• En Oaxaca, activistas recuerdan su transición del activismo a la defensa de intereses estatales.

• En la Península de Yucatán, defensores del territorio critican la forma en que se organizaron las consultas sobre el Tren Maya bajo su coordinación.

• En Morelos y Puebla, movimientos contra megaproyectos como la termoeléctrica de Huexca temen que su presencia en la Corte sirva para avalar proyectos oficiales, más que para defender los derechos indígenas.

¿Qué está en juego?

Organizaciones como el CRIPX y el Centro Utsil Kuxtal advierten que la llegada de Aguilar podría significar un retroceso en derechos indígenas, especialmente si actúa como juez y parte en casos relacionados con megaproyectos. Algunos lo ven como parte de una estrategia del gobierno federal para legitimarse simbólicamente, pero sin modificar las estructuras de poder.

No obstante, también hay voces que ven en Aguilar una oportunidad. Activistas como Quetzal Tzab, en Quintana Roo, señalan que su presencia podría ayudar a visibilizar la falta de acceso a la justicia de miles de personas indígenas privadas de libertad.