Una serie de atentados con explosivos, ráfagas de fusil y coches bomba dejaron al menos siete muertos este martes en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. Las acciones violentas, atribuidas a disidencias de las FARC y otros grupos armados, ocurrieron casi en simultáneo y a solo tres días del atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

El ministro de Defensa señaló que los ataques son una represalia por los recientes operativos militares en zonas controladas por el Estado Mayor Central, liderado por alias “Iván Mordisco”, el criminal más buscado del país. La región afectada es estratégica para el narcotráfico y otras actividades ilegales, y ha sido históricamente epicentro del conflicto armado colombiano.

La situación ha encendido las alarmas en la comunidad internacional y en organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que calificó este momento como el peor pico de violencia desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Entre enero y abril de este año, más de 950.000 personas se han visto afectadas por el conflicto, según datos de la ONU.

En medio de esta crisis de seguridad, crece también la tensión política. El presidente Gustavo Petro enfrenta el rechazo de varios partidos a sus reformas y una creciente polarización, mientras intenta avanzar con una consulta popular para impulsar su agenda laboral, lo que la oposición ha calificado como “ilegal”.