A partir del 1 de julio de 2025, México iniciará la implementación de una reforma laboral que transformará las condiciones de trabajo para repartidores y conductores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi. La medida, impulsada por el Gobierno federal, entrará en vigor oficialmente el 1 de enero de 2026, luego de un periodo piloto de seis meses.

Nuevos derechos para trabajadores de plataformas

La reforma a la Ley Federal del Trabajo establece por primera vez el acceso pleno a seguridad social para quienes perciban ingresos mensuales superiores a un salario mínimo. Entre los beneficios que obtendrán los trabajadores destacan:

• Afiliación al IMSS, con cobertura por riesgos laborales, enfermedades, maternidad y otros servicios.

• Acceso a créditos Infonavit para vivienda.

• Derecho a pensiones, servicios funerarios y guarderías.

• Protección contra acoso y hostigamiento.

• Regulación en la desconexión de la plataforma, solo permitida en casos graves.

Asimismo, las plataformas no podrán cobrar por el uso de la aplicación a los trabajadores, lo que refuerza su carácter de herramientas de intermediación sin condiciones abusivas.

¿Habrá aumento en tarifas para los usuarios?

Ante la inquietud sobre un posible encarecimiento de los servicios de transporte y entrega, las autoridades laborales han señalado que no se prevé un aumento de precios como consecuencia directa de la reforma. Se argumenta que, al igual que ocurrió con reformas anteriores, como la del outsourcing o el aumento al salario mínimo, el impacto inflacionario ha sido mínimo o nulo.

Obligaciones para empresas y trabajadores

Los trabajadores seguirán bajo el mismo esquema fiscal, pero se les aplicará una retención adicional del 2.5% de sus ingresos para su afiliación al IMSS. Por su parte, las empresas deberán cubrir:

• Hasta el 28% en cuotas sociales al IMSS.

• Un 5% del salario promedio mensual de cada trabajador al Infonavit.

Aunque las plataformas digitales participaron en las negociaciones que derivaron en la reforma, algunas han manifestado preocupaciones sobre los posibles costos adicionales y la sostenibilidad del modelo de negocio. Persisten dudas técnicas, particularmente en relación con la base sobre la que se calcularán las aportaciones —si será sobre el ingreso bruto o neto—, lo que afectaría directamente la carga fiscal de los trabajadores.

Fase piloto y supervisión

El periodo piloto comenzará este 1 de julio y permitirá evaluar la viabilidad operativa de la reforma antes de su aplicación obligatoria. Durante estos seis meses se buscará identificar áreas de mejora, resolver ambigüedades técnicas y establecer mecanismos de vigilancia para prevenir abusos por parte de las plataformas.

El Gobierno implementará monitoreos para garantizar que no haya penalizaciones arbitrarias, desconexiones sin justificación o cobros indebidos. Con esta medida, México se posiciona como uno de los primeros países en América Latina en garantizar derechos laborales formales a trabajadores de la economía digital sin eliminar su flexibilidad operativa.