La reciente intervención de autoridades mexicanas y estadounidenses en CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector tomó por sorpresa no solo al público, sino también a la propia Asociación de Bancos de México (ABM). Emilio Romano, presidente del organismo, admitió públicamente que el sector bancario desconocía cualquier investigación en curso por parte del gobierno de Estados Unidos.

Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense a finales de junio, bajo acusaciones de que estas instituciones financieras habrían facilitado operaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros precursores químicos, presuntamente vinculados a grupos del crimen organizado. La noticia tuvo un fuerte impacto mediático, especialmente porque las instituciones afectadas eran consideradas como actores “de nicho” en el sistema financiero mexicano.

Como respuesta, las autoridades mexicanas actuaron rápidamente. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente los tres entes financieros, reemplazando sus órganos directivos y garantizando la protección de los recursos de sus clientes. Además, la Secretaría de Hacienda separó el negocio fiduciario de estas instituciones y lo transfirió de manera provisional a Nacional Financiera (Nafin), con el objetivo de asegurar la operación continua de miles de fideicomisos activos.

A pesar de la gravedad del anuncio, tanto el gobierno mexicano como la ABM han reiterado que no existe evidencia concreta de lavado de dinero en territorio nacional. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que hasta ahora solo se han identificado irregularidades administrativas menores, por un monto inferior a los 134 millones de pesos, y exigió a Estados Unidos que presente pruebas claras de las acusaciones.

La medida estadounidense, que inicialmente entraría en vigor en julio, fue aplazada hasta el 4 de septiembre tras una negociación diplomática. Durante este periodo, las instituciones afectadas podrán continuar operaciones dentro de México con normalidad, pero tienen prohibido realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.

Romano aseguró que no hay más bancos mexicanos involucrados y que este es un caso aislado. Analistas y calificadoras como Moody’s coinciden: aunque el escándalo es grave, el riesgo sistémico es bajo, ya que CIBanco, Intercam y Vector representan una fracción mínima del total de activos del sistema bancario nacional.

A pesar del intento de contener el daño, el caso ha generado preocupación sobre la supervisión de flujos internacionales y la posible vulnerabilidad de bancos medianos ante redes de crimen transnacional. Por ahora, el mensaje es claro: las instituciones financieras deberán fortalecer sus controles, y la relación bilateral con Estados Unidos entra en una nueva etapa de vigilancia cruzada.