Un reciente decomiso de droga en Colima provocó un cruce de declaraciones entre México y El Salvador. Todo comenzó cuando una avioneta fue interceptada en una pista clandestina en el municipio de Tecomán, con 427 kilogramos de cocaína a bordo y tres personas detenidas, todas de nacionalidad mexicana. El valor estimado del cargamento ronda los 96 millones de pesos.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que la aeronave fue detectada por el sistema de vigilancia aérea unos 200 kilómetros al sur de San Salvador antes de ingresar al espacio aéreo mexicano. Con esta información, se dio seguimiento hasta su aterrizaje, donde elementos de seguridad aseguraron la droga y a los implicados.

Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó tajantemente que el vuelo tuviera origen en su país. En redes sociales, calificó el señalamiento como “falso” y argumentó que la ruta de la avioneta no cruzó el espacio aéreo salvadoreño. También enfatizó que los detenidos no son ciudadanos salvadoreños y que su país no está involucrado en el hecho.

La respuesta del gobierno salvadoreño incluyó el llamado a consultas de su embajadora en México, exigiendo una aclaración oficial. Bukele insistió en que su administración no encubre delincuentes ni colabora con el narcotráfico, y advirtió que no permitirá que El Salvador sea vinculado con actividades criminales ajenas a su jurisdicción.

Por su parte, García Harfuch reiteró su respeto hacia el pueblo salvadoreño y aseguró que la operación fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia aérea, sin intención de provocar un conflicto diplomático.

Este episodio refleja lo delicado que puede ser el intercambio de información entre países en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Las autoridades mexicanas insisten en la validez de su operación, mientras que El Salvador exige una rectificación. Hasta ahora, las versiones siguen enfrentadas y la tensión diplomática continúa.