La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró un toque de queda en el centro de la ciudad tras varios días de protestas y saqueos relacionados con redadas migratorias. La medida, que se aplica desde las 8 p.m. del martes hasta las 6 a.m. del miércoles, busca contener actos de vandalismo tras el saqueo de al menos 23 negocios en una zona de 2.59 kilómetros cuadrados. Bass también declaró emergencia local, al señalar que “hemos llegado a un punto de inflexión”.

El despliegue de fuerzas federales, incluidas tropas de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, ha generado tensiones entre autoridades locales y el gobierno federal. El presidente Trump ordenó la movilización tras arrestos masivos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que provocó protestas que derivaron en bloqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. Las tropas han sido vistas custodiando agentes federales y propiedades gubernamentales.

El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Bass han criticado el despliegue, argumentando que agrava la situación y pone en riesgo la seguridad pública. Newsom presentó una moción en una corte federal para impedir el uso de tropas militares en operaciones migratorias, mientras que legisladores estatales acusaron a Trump de generar una “falsa crisis”. El jefe de la policía local, Jim McDonnell, aseguró que no necesitan ayuda militar para controlar las manifestaciones.

Aunque las protestas se han vuelto mayoritariamente pacíficas, la policía de Los Ángeles ha reportado más de 100 arrestos, incluyendo casos por agresión, saqueo e intento de asesinato. Las autoridades federales justifican la presencia militar como una medida de seguridad, mientras que organizaciones civiles temen que se utilice para facilitar deportaciones masivas, en medio de crecientes tensiones en todo el país.