En un hecho sin precedentes, la 65 Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal local que endurece las penas contra el abuso sexual infantil y amplía la definición de este delito para incluir nuevas formas de agresión que antes no eran plenamente reconocidas por la ley.

Con esta modificación legislativa, no sólo se incrementan las penas de prisión y multas económicas, sino que también se eliminan los beneficios preliberacionales para quienes sean sentenciados por estos delitos. A partir de ahora, obligar a menores a presenciar actos sexuales o exponer deliberadamente sus cuerpos también será considerado abuso sexual, sentando un nuevo estándar legal en la protección de la niñez.

Este avance se da en un contexto de creciente exigencia social por un sistema judicial más riguroso frente a la violencia sexual, especialmente luego del polémico caso de Rubén Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien recientemente quedó en libertad tras aceptar su culpabilidad en el delito de abuso sexual contra una menor. A pesar de su confesión, el caso evidenció las deficiencias del marco jurídico vigente, que hasta ahora permitía beneficios como la reducción de condena o acuerdos procesales.

Las penas por abuso sexual infantil sin cópula aumentan de seis a trece años de prisión, y las sanciones económicas alcanzan hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La reforma también fue destacada por organismos civiles como un paso importante para prevenir la revictimización y garantizar justicia efectiva.

Zacatecas se convierte así en una de las primeras entidades del país en implementar medidas de esta magnitud, respondiendo a llamados de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para endurecer los marcos legales frente a la violencia sexual contra menores.