En México, 4 de cada 10 hogares carecen de figura paterna, lo que significa que alrededor de 11.5 millones de niños crecen sin su padre presente, según datos del INEGI. La situación es aún más alarmante cuando se considera que 67.5 % de los hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, a pesar de que la ley exige un mínimo del 15 % del salario del progenitor.

Frente a esta omisión sistemática, la activista Diana Luz Vázquez Ruiz impulsó la llamada Ley Sabina, en honor a su hija. Esta legislación busca sancionar a los deudores alimentarios a través de un registro público, la retención de sueldos, pasaportes y la imposibilidad de acceder a cargos públicos o salir del país hasta que cumplan con sus obligaciones.

A pesar de que algunos estados han comenzado a aplicar esta ley, la falta de coordinación entre tribunales y la opacidad en los registros siguen limitando su impacto. En enero de 2025, la Suprema Corte avaló que el registro de Oaxaca fuera público, aunque se eliminan los nombres una vez saldada la deuda.

La Ley Sabina es un intento por romper con la impunidad que protege a quienes abandonan a sus hijos. No se trata solo de dinero, sino de asumir responsabilidades y garantizar derechos básicos de la niñez mexicana.